Con el objetivo de luchar contra la corrupción, la Corte Suprema de Justicia, a pedido del ministro y superintendente de la Contaduría General de los Tribunales, Miguel Oscar Bajac, se realizó una auditoria de reacción inmediata para determinar las irregularidades cometidas supuestamente por parte de la jueza Ana María Rodríguez, del Juzgado de Paz de San Roque y de las actuarias Liza Montero y Olivia Mosqueda Núñez, de las secretarias Nº 1 y 2, respectivamente, en la expedición de órdenes de pago judiciales a favor de la abogada Miryam Selva Pérez, sin que esta sea parte en los expedientes tramitados.    

De acuerdo a la denuncia, la magistrada habría expedido a favor de la citada abogada, 1.877 cheques judiciales, totalizando aproximadamente 803.956.662 de guaraníes durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 18 de mayo de 2010.

En su informe, los auditores sostienen que de la totalidad de expedientes solicitados en ambas secretarías, 21 no fueron proveídos, de los cuales, según se supo, 17 contaban con resolución que dispone el finiquito del proceso y la remisión a archivo, mientras los 4 restantes se encontraban aun en trámite.

Asimismo, sostienen que de los 21 expedientes verificados, solo en uno de ellos la abogada beneficiada con la expedición de las órdenes de pago, cuenta con personería reconocida, en tanto en los demás expedientes la citada profesional no es parte ni tiene intervención.

Aclaran, además que de estos 21 expedientes, en un total de 20 no existe constancia alguna de la expedición de la órden de pago, sin embargo, en los registros de la Dirección de Contaduría General de los Tribunales obran los originales de las ordenes de pago expedidas por la titular del juzgado y refrendadas en todos los casos por la actuaria Liza Montero, incluso en los expedientes tramitados ante la secretaria Nº 2.

Se constató, también que la jueza Ana María Rodríguez solicitó en varias oportunidades que la Contaduría informe en la brevedad posible el número total de cuentas abiertas a nombre del juzgado en cuestión con sus respectivos saldos, alegando que se encuentran procediendo a la cancelación de las cuentas de los juicios ya finiquitados.

Tras el análisis correspondiente se concluyó que la jueza Ana María Rodríguez remitió, a favor de la abogada Miryam Selva Núñez,  los cheques judiciales refrendados por la actuaria Liza Montero, sin que exista resolución judicial que así lo dispusiera. Incluso, en base a lo verificado, los auditores dejan entrever que existen indicios de la comisión de hechos punibles contra los bienes de las personas, establecidos en el Título II del Código Penal.  

Considerando todas estas irregularidades, los auditores recomendaron remitir los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público, además de remitir el informe en cuestión a la Oficina de Quejas y Denuncias para su registro y posterior derivación.

Por otro lado, cabe señalar que tras la denuncia presentada, la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender en sus funciones a la jueza Ana María Rodríguez, así como a la actuaria Liza Montero, además de iniciar un sumario administrativo y remitir los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento.

Actualmente, el juzgado de Paz de San Roque se encuentra interinado por el juez de Carapeguá, Julio César Vázquez Carnevale.