Los trabajos se iniciaron en los Juzgados de Paz de Lambaré y Villa Elisa, con el fin de identificar falencias o irregularidades en la tramitación de los casos iniciados en los mismos.

La auditoría está a cargo de un equipo de auditores especializados de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, y tiene como objetivo controlar los trámites y procedimientos de dichos juzgados.

A raíz de las primeras inconsistencias detectadas en los mencionados juzgados, el ministro Jiménez Rolón dispuso, además, la presencia permanente de custodia policial en ambas sedes judiciales. Esta medida tiene como finalidad resguardar la integridad de los documentos y expedientes judiciales, así como asegurar el normal desarrollo de las actividades de los auditores hasta la finalización de los trabajos de verificación y revisión.

Esta auditoría forma parte de un proceso continuo de revisión y optimización de las estructuras judiciales del Departamento Central, en el marco de una política de cero tolerancia a las irregularidades y del fortalecimiento del Estado de Derecho.