Los datos, extraídos del sistema SIGAF “Módulo remisiones”, revelan que el consumo de papel (resmas/ hojas con membrete) en las dependencias administrativas y jurisdiccionales (que cuentan con herramientas electrónicas) se redujo del 25% del presupuesto en 2019 al 7% en el primer semestre de 2024. En los fueros Penal, Niñez y Adolescencia, Laboral, Civil y Comercial, así como en los Tribunales y Juzgados de Paz, el consumo se redujo al 6%.

En cuanto al uso de cintas, tintas y tóner, el informe señala que en 2019 estas compras representaban el 32% del presupuesto, mientras que en 2024 han disminuido al 3% en las dependencias administrativas y jurisdiccionales (que cuentan con el trámite electrónico). En los mismos fueros mencionados anteriormente, el consumo pasó del 33% al 2%, luego de la implementación de servicios de impresión tercerizados.

Estos resultados son parte de la política de despapelización y ahorro de recursos impulsada por la Corte Suprema de Justicia, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 12, 13 y 15, relacionados con la producción y consumo responsable, la acción por el clima y la protección de ecosistemas terrestres.

Se enmarca además dentro de la Acordada N° 783/12, que establece el Código de Buen Gobierno del Poder Judicial, donde en su Artículo 36 “La Corte Suprema de Justicia se compromete a promover prácticas tendientes a una política de sostenibilidad ambiental", de acuerdo a establecer lineamientos en esta materia que comprendan: mecanismos de educación y promoción medioambiental con sus funcionarios y con las comunidades, uso de tecnologías limpias, manejo de desechos, y uso de recursos no renovables.