El titular de la Corte Suprema, doctor Diesel, inició su intervención lamentando lo ocurrido el pasado 9 de setiembre del año 2023, a las 00:15, cuando personas desconocidas, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, realizaron un total de 56 disparos de armas de fuego de grueso calibre en contra de la citada vivienda donde residen ambas magistradas (Mirna Ocampos Ramírez, jueza Penal de Sentencia, y de Vivian Quiñónez Vargas, jueza Penal de Garantías de Capitán Bado), en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.

El presidente del máximo tribunal informó que tras conocerse el hecho, debido a la urgencia del caso, se adoptaron las medidas de seguridad necesarias, solicitándose la intervención del Ministerio Público y de la Policía Nacional.

De acuerdo al informe de las autoridades de la Circunscripción Judicial de Amambay, efectivos policiales brindaron las primeras medidas correspondientes, a fin de reforzar la seguridad de las víctimas del hecho y familiares. "Quiero señalar que el presidente y miembros del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Amambay han acompañado a las magistradas, gestionando ante autoridades policiales para que se brinde seguridad a los miembros del Tribunal respectivo, quienes de inmediato han respondido brindando seguridad a los mismos", acotó el doctor Diesel.

Asimismo, recordó que desde la presidencia de la Corte Suprema se comunicó con el ministro del Interior, como así también con el ministro de Justicia y el comandante de la Policía Nacional, solicitando igualmente todas las garantías de seguridad para las magistradas afectadas, y todo el plantel de magistrados de la referida Circunscripción.

Destacó que las citadas autoridades han asegurado que brindarán todo su apoyo para el efecto, constatándose que las afectadas cuentan con custodia policial desde el día del hecho.

El titular de la máxima instancia judicial ratificó que se prestará toda la colaboración necesaria con la investigación que realiza el Ministerio, expresando que "la institución está atenta y vigilante al desarrollo de los acontecimiento en Amambay, que pudiera afectar a jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, dada la delicada función que desempeñan en brindar seguridad jurídica en la ciudadanía".

Finalmente, enfatizó que "reclamamos la plena seguridad personal y familiar para los magistrados en ejercicio de la función, para todo el plantel del Poder Judicial y para toda la ciudadanía, así como la adopción de las acciones necesarias para la vigencia plena del Estado de Derecho y la erradicación de la violencia e inseguridad en el Departamento de Amambay".