El taller tuvo por objeto hacer notar la importancia de la aplicación de los principios del Derecho Penal Ambiental al Derecho Penal General con base en el resultado del informe estadístico jurídico referente al hecho punible tala de árboles, elaborado por la Dirección de Derecho Ambiental de la Corte Suprema de Justicia.

La abogada Anaya Arrúa Galván, titular de la dirección, dio la bienvenida a los participantes, destacando la presencia de los presidentes de las circunscripciones de San Pedro, Concepción y Amambay, así como a los disertantes, la doctora Andrea Cristina Vera y el doctor Ezequiel Santagada. Asimismo, hizo énfasis en que esta capacitación se enmarca dentro de los objetivos de Gobierno 2023-2024 de la Corte Suprema de Justicia y alineado al eje de gobierno judicial, en el fortalecimiento de capacidades de magistrados judiciales y funcionarios.

Posteriormente, las autoridades judiciales, el doctor Osvaldo Godoy, presidente del Consejo de Administración Judicial de la Circunscripción de San Pedro agradeció a la Dirección de Derecho Ambiental la oportunidad de tratar este tema con los magistrados y auxiliares de justicia.  Igualmente, el doctor Favio Cabañas Gossen destacó el acompañamiento permanente de la Dirección ante este tipo de actividades deseando éxitos a los participantes.

La abogada Irene Rolón Verdún, jefa del departamento Jurídico de la Dirección de Derecho Ambiental, hizo la presentación del “Informe sobre la Comisión del Hecho Punible Tala de Árboles en las 15 Circunscripciones Judiciales del país que cuentan con Expediente Electrónico, en los años 2019 – 2021”. Su contenido, se funda en el análisis pormenorizado de las causas judiciales iniciadas por la supuesta comisión del hecho punible “tala y quema de bosques o formaciones  vegetales”, tipificado en el artículo 4 inc. a) de la Ley 716/96 “Que sanciona los delitos contra el medio ambiente”.

En ese sentido, Rolón estuvo resaltando que en el referido trabajo se analizó la proporcionalidad de las reglas de conductas impuestas en concepto de reparación del daño ambiental por solicitud del órgano acusador y acogido favorablemente por el juzgador al momento de hacer lugar a los pedidos de suspensión condicional del procedimiento y suspensión de la ejecución de la condena. Así también como el importante número de desestimaciones basadas en la “no gravedad” del ilícito y en la incorrecta precisión legal de la palabra “bosque” definida en la Ley 6676/2020.

Igualmente, la doctora Andrea Vera Aldana, integrante del Tribunal de Apelación Penal de la Capital, hizo énfasis en la importancia de la aplicación de los principios del derecho penal ambiental al derecho penal general, mencionando la importancia de que las reglas de conductas impuestas guarden estrecha relación con el hecho punible cometido, en cuanto a la gravedad, reproche y proporción del daño causado. De igual forma resaltó que el hecho punible “tala o quema de bosques”, en la normativa legal vigente se encuentra tipificado como crimen, en razón a que tiene un marco penal de 03 a 08 años de pena privativa de libertad, motivo por el cual no se puede en puridad beneficiar a los infractores con suspensión a prueba de la ejecución de la condena o suspensión condicional del procedimiento.

Por último, el doctor Ezequiel Santagada, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental - IDEA  resaltó la importancia en el trabajo de la sociedad civil para denunciar hechos punibles sobre tala de árboles, haciendo hincapié en un caso vinculado al acceso a la información pública.

Cabe resaltar que el evento prosigue en modalidad virtual con actividades a distancia en la plataforma educativa institucional, para quienes se han inscripto en el enlace de asistencia.

El taller fue declarado de interés institucional por el pleno de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, según resolución N° 9921 de fecha 8 de febrero de 2023.