Las palabras de apertura estuvieron a cargo del doctor Alberto Martínez Simón, quien significó y resaltó la importancia que tiene para la vida de la República el desarrollo de temas tan transcendentales como lo son la libertad de expresión, el derecho a informarse, los cuales están garantizados en la propia Constitución Nacional.

Asimismo resaltó que desde la Corte Suprema de Justicia se va a amparar el derecho a expresarse, el de manifestarse y el derecho a decir con las connotaciones jurídicas que ello vaya a tener y que vayan a ser planteadas en casos que se van a ir dando en el transcurso del tiempo, porque: “siempre vamos a tener esta hermosa discusión sobre cuál es el alcance de este derecho de expresarse, de manifestarse, el de informarse, que son como dos caras de la misma moneda”, acotó.

Durante su ponencia, el presidente de la Corte IDH, doctor Ricardo Pérez Manrique, abordó lo referente a la relación entre la democracia, Estado de derecho y libertad de expresión, posiciones que el órgano al que representa ha señalado reiteradamente en todas sus sentencias. 

Indicó que uno de los documentos más importantes del Sistema Interamericano es la Carta Democrática del año 2011, la cual consagra que el Estado de derecho o la democracia representativa y los derechos humanos son la piedra angular del Sistema Interamericano, y que no es aceptable que dentro del sistema actúen o intervengan países que violan los principios de la democracia; “no hay democracia, no hay Estado de derecho sin separación de poderes y sin un sistema judicial independiente”, puntualizó. 

Agregó que la Corte IDH ha resaltado la importancia de los periodistas dentro de la sociedad, como personas que se dedican a trabajar sobre temas vinculados a la información y la opinión, que permita el libre debate democrático, y que el rol que desempeñan es esencial dentro de un Estado democrático de derecho, el cual requiere de una absoluta protección en cuanto a la libertad del ejercicio y a no recibir presiones que no corresponden o que son indebidas. 

Finalizó diciendo que el órgano internacional trabaja fundamentalmente en sus políticas de difusión y capacitación con jueces, juezas, periodistas y otros operadores judiciales. Recalcó que la capacitación de abogados y abogadas para plantear casos ante el sistema interno y luego ante el Sistema Interamericano resulta fundamental para generar un círculo virtuoso, en el sentido de la afirmación de estas libertades esenciales, como lo es la libertad de expresión.

PRESENTACIÓN DE OBRAS BIBLIOGRÁFICAS QUE DESTACAN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Durante el evento también se realizó la presentación de la actualización de la “Caja de Herramientas para Escuelas Judiciales” sobre Libertad de Expresión, la cual estuvo a cargo del doctor Edison Lanza, exrelator de Libertad de Expresión de la CIDH/OEA. 

Igualmente participaron de manera telemática Rosa María González, consejera regional de Unesco en Comunicación e Información para América Latina y el Caribe; la exrelatora de Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero; y el secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, Jorge Jiménez Martin.

Así también, el abogado Roberto Moreno Rodríguez, exprocurador general de la República y director de Editorial La Ley, procedió a la presentación de dos materiales bibliográficos referentes al Acceso a la Información Pública, el primero es “El Acceso a la Información Pública en Paraguay. Estudio y propuestas”, de José María Costa, y el segundo se trata de "En amparo del Acceso a la Información Pública", de Federico Legal Aguilar.

Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) y del Consejo de Derecho Ambiental y Derechos Humanos de la revista jurídica La Ley Paraguaya, tuvo a su cargo la exposición de las obras presentadas destacando la gran labor investigativa de los autores, así como el gran aporte que significan para el campo del derecho de acceso a la información.

La jornada fue declarada de interés institucional por Resolución N° 9780 del 23 de noviembre de 2022, organizada por la Corte Suprema de Justicia, la Unesco (Oficina Regional Montevideo), el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) y la Editorial La Ley y apoyada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Escuela Judicial y la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP).