En ese sentido, el ministro Ramírez Candia señaló durante la plenaria que el Ministerio del Interior solicitó a la Corte Suprema de Justicia, ante la insuficiente cantidad de personal policial, que las audiencias en los procesos penales se realicen en forma telemática.

El presidente de la Sala Penal indicó también que durante la pandemia se han implementado con éxito las audiencias por esta vía. “Lo que desde aquí pretendemos recordar y recomendar a los jueces es que efectivicen las realizaciones de las audiencias penales en forma telemática, ya sean audiencias 242 (de imposición de medidas cautelares), preliminares o incluso los juicios orales, pues eso va a facilitar la preservación de la seguridad tanto de magistrados como de las partes y realizar también sin mayores inconvenientes los procesos penales”, expresó.

Por su parte, la doctora María Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Sala Penal, recordó la vigencia de la Ley N° 6.495/2020, que autoriza la implementación del sistema de audiencias por medios telemáticos en el Poder Judicial.

Recalcó que en la referida normativa se establece claramente que cuando se traten de hechos punibles correspondientes al crimen organizado o cuando esté en juego la seguridad, como también otros presupuestos, entonces necesariamente las audiencias que se realizan normalmente de manera presencial deben llevarse a cabo de manera telemática.

“En estos momentos, viviendo un problema de seguridad a nivel nacional, el Poder Judicial está replanteando sus recursos en materia de seguridad de los magistrados, funcionarios y de las personas que concurren a la máxima instancia judicial”, alegó.

Finalizó explicando que es el momento en el que se debe utilizar este tipo de mecanismos legales para brindar apoyo a las demás instituciones encargadas de la seguridad nacional.

La recomendación de los ministros es realizada a fin de precautelar la seguridad de los magistrados, funcionarios y de las partes involucradas en los procesos abiertos contra el crimen organizado, narcotráfico y delitos conexos, más aún a raíz de lo ocurrido con el ex agente fiscal Marcelo Pecci.