A modo de apertura de la reunión, el presidente de la Sala Penal, doctor Manuel Ramírez Candia resaltó la relevancia de decisión de la máxima instancia judicial. Dijo que es una alternativa válida que se ofrece ante la preocupación que representa la presentación de imputaciones que no cumplen con los requisitos formales.

“Hay que señalar claramente de que uno de los cuestionamientos que más se formula contra el sistema penal es la impunidad, fundamentalmente también, la mora judicial”, puntualizó el doctor Ramírez Candia.

Agregó que “es un remedio para evitar realmente que el defecto procesal (a raíz de un mal trabajo) llegue a consagrarse en impunidad” señalando que “ese creo que es el aporte más importante de esta acordada”.

Señaló que el propósito de divulgar esta acordada es dar respuesta a un problema que viene de una mala praxis, que a su vez puede generar consecuencias graves para el proceso.

Dijo que esas consecuencias, como la impunidad misma, son las que mayor daño hacen a la imagen del Poder Judicial.

La ministra, doctora Carolina Llanes, explicó los detalles, el contexto, la intención y todo lo que dispone la Acordada N° 1.631/2022, documento que establece un mecanismo operativo para dar efectividad al control judicial o jurisdiccional del acta de imputación.

Posteriormente, al abocarse al contexto dentro del cual se inserta la nueva acordada como herramienta normativa, expuso que es una reglamentación de carácter operativa como para que la normativa legal vigente pueda ser aplicada a cabalidad. 

La reunión que convocó a jueces penales de garantías de todo el país con los ministros de la Sala Penal se llevó a cabo a través de la plataforma digital Zoom.

Cabe mencionar que, en sesión plenaria, la Corte Suprema de Justicia aprobó el Proyecto de Acordada N° 1.631 que establece el Fortalecimiento del Control Jurisdiccional del Acta de Imputación Fiscal.

Se informó que la propuesta fue elaborada por la Oficina Técnica de Apoyo a la Justicia Penal y la misma tiene por objetivo dotar a los jueces de una guía de control jurisdiccional del acta de imputación para la verificación sencilla conforme a los elementos de la teoría del caso (¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué?) y promueve la utilización de la potestad legal de control del juez penal (trámite de oposición previsto en el artículo 314 del CPP) cuando dichos elementos no se satisfacen.