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25 DE MARZO DE 2022

Convenio de cooperación agilizará acceso a la justicia entre Paraguay y Argentina

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, y el representante de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, Guillermo Alucín, suscribieron el pasado martes 22 de marzoel convenio marco de colaboración interinstitucional que permitirá optimizar los servicios judiciales entre ambos países. Los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y César Diesel también representaron a la máxima instancia judicial de nuestro país.

El convenio suscripto entre ambas instituciones tiene por objetivo establecer y definir un marco general de cooperación recíproco, en particular en asuntos que sean de interés común dentro de sus esferas de competencia y programas de actividades.

Asimismo, se establecerá un plan de actuación con los programas, proyectos y actividades que estimen convenientes, los cuales podrán consistir, entre otros, en la realización de estancias de estudios de un país en el otro, la celebración de seminarios y reuniones entre responsables de la modernización de la administración de justicia de ambas instituciones, tanto en su módulo presencial como virtual. 

Este convenio puede facilitar gestiones de paraguayos residentes en el vecino país, ya que actualmente la Argentina cuenta con una población paraguaya de más de 2 millones de personas, de acuerdo al censo realizado en 2021.

Cabe mencionar que la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, es una entidad federal que reúne a todos los miembros en ejercicio de las Cortes Supremas y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas que la componen, su objetivo principal es cooperar con la modernización de la administración y gestión de los poderes judiciales e impulsar en tal sentido actividades tendientes a lograr una mayor productividad, eficiencia y desburocratización de la administración de justicia.

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