30 DE ABRIL DE 2021
CSJ facilitará datos de Registros Públicos para programas de desarrollo
Con el fin de interactuar en información, capacitación e investigación, a través de la Dirección General de los Registros Públicos, la Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Diputados renovaron su convenio de cooperación. El acuerdo apunta a la lucha por la formalización de la tierra, el combate a la pobreza, el acceso a la propiedad privada y a una vivienda digna, con base en los principios rectores de reciprocidad, pertenencia y confidencialidad.
El convenio tiene por objetivo establecer un marco general de cooperación entre ambas instituciones, a través de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), con la finalidad de interactuar en las áreas de la información, la capacitación y la investigación, entre las que se citan: la lucha por la formalización de la tierra, el combate a la pobreza, el acceso a la propiedad privada y a una vivienda digna, con base en los principios rectores de reciprocidad, pertenencia y confidencialidad.
Se pretende que la comunicación entre las instituciones sea facilitada con el uso de las nuevas tecnologías, permitiéndose que el intercambio de datos se realice, a opción de las partes, por vía electrónica bajo los respectivos mecanismos de seguridad que resguarden las informaciones.
El acto de firma de convenio se realizó con la presencia del presidente de la máxima instancia judicial, doctor César Diesel, acompañado por el ministro Luis María Benítez Riera, por el Poder Judicial, y el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, por el organismo legislativo. Participó también la responsable de la DGRP, abogada Lourdes González.
El presente acuerdo es una renovación de un convenio concretado anteriormente; con él se pretende una sola vía de ingreso y de salida para los pedidos de informes, inclusive con la tramitación de varios de ellos de forma electrónica, pudiendo así servir mejor y reordenar todo lo que tenga que ver con informaciones públicas.
Cabe resaltar que tendrá vigencia y validez jurídica de 2 (dos) años a partir de la fecha de suscripción, pudiendo ser renovado por mutuo acuerdo y por escrito entre las partes. Además, las instituciones firmantes manifiestan su interés en ir perfeccionando el presente acuerdo, en atención a las futuras necesidades y experiencias derivadas del trabajo conjunto.