El protocolo establece directrices orientadoras de actuación de los responsables de implementar las medidas de protección establecidas en la Ley N° 1600/00, “Contra la Violencia Doméstica”, y en la normativa establecida en la Ley N° 5777/16, “De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia”.

El objetivo del protocolo es lograr una acción unificada y una respuesta homogénea en todos los Juzgados de Paz, que facilite el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad por parte de la judicatura de todo el país, haciendo coincidir el complejo sistema normativo vigente con la acción real y particular que se genera en el momento de la atención de los casos, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.

La estructura del protocolo está organizada en dos partes. En la Parte I se presentan los objetivos, principios y consideraciones éticas que orientan el documento, el marco normativo conceptual del protocolo, así como el funcionamiento de los Juzgados de Paz, y la Parte II desarrolla el protocolo en sí y se encuentra dividido en cuatro secciones.

Este documento fue aprobado a través de la Acordada N° 1506/2021 y se puede acceder al contenido del Protocolo aquí.