La política de racionalización implementada por los integrantes del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial, presidido por el Ministro Alberto Martínez Simón, tuvo como finalidad disminuir los costos que se generan para la Corte Suprema de Justicia, para lograr una eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

Dentro de esa línea de acción, es destacable la gestión llevada a cabo para racionalizar los montos de los contratos cuya finalización está prevista este año, fijándose porcentajes de reajustes a la baja en el precio como condición ineludible para una nueva contratación o renovación de los mismos. 

Respecto de contratos cuya finalización no estuvo prevista para este año y se encuentran en ejecución, resalta la labor de renegociación llevada a cabo, a fin de lograr, por medio de adendas, reajustes a la baja en los precios pactados en años anteriores, todo lo cual se ha traducido en una cifra considerable de ahorro institucional a partir de estas acciones.

Por otra parte, se ejecutaron las cláusulas de rescisión previstas en los contratos, sin costo alguno para la institución, cuando las condiciones no han sido las adecuadas para la implementación de la política de racionalización. 

Asimismo, teniendo en cuenta los auspiciosos resultados obtenidos en la Administración de Capital, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió en sesión plenaria instruir a los Consejos de Administración de las diferentes Circunscripciones Judiciales del interior del país a adoptar idénticas acciones.

Con este objetivo se ha establecido el parámetro consistente en que, en principio, se exija un reajuste en el precio de -como mínimo- 10% y que dicha medida afecte a contratos cuyos precios de alquiler sean iguales o superiores a cuatro salarios mínimos.

Es importante señalar que la actual cifra de ahorro obtenida es el resultado de las acciones ya concretadas, sin embargo, la misma podrá ser aumentada a medida que pasan los meses, ya que una serie de idénticas acciones se encuentran en ejecución y en trámite para elevar aún más estos índices.

En el mismo sentido, se debe indicar que todos los contratos tienen una duración de 24 meses, por lo que los ahorros obtenidos mensualmente en los precios deben proyectarse en dicho número de meses para acceder a la cifra total de ahorro a raíz de la implementación de estas acciones.

Cabe señalar también que la serie de medidas administrativas contribuirá igualmente a dar mayor transparencia a la ejecución del presupuesto del Poder Judicial.