La magistrada dispuso la libertad condicional por el periodo de prueba de dos años, bajo condiciones de proseguir con sus estudios, la prohibición de consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas, además de la restricción horaria nocturna y la comparecencia en forma trimestral ante el juzgado.

La jueza aceptó el pedido realizado por la Defensora Pública de Ejecución Penal, Abg. Cinthia Fleitas Ibarra, teniendo en cuenta que el condenado  ya cumplió con más de las dos terceras partes de su sanción, uno de los requisitos  indispensables para ser beneficiado con la libertad condicional.

Se hace referencia además a que el adolescente durante su permanencia en el Centro Educativo Itauguá mantuvo una adaptación positiva, tuvo buen relacionamiento con los compañeros, demostró respeto hacia los funcionarios y participó activamente en las diferentes actividades dentro del CEI.

Los Arts. 51 del C.P. y 70 del Código de Ejecución Penal son los que regulan lo referente a la libertad condicional, se espera que el adolescente no vuelva a cometer otros hechos punibles y que lo consienta, a fin de que pueda reincorporarse en su núcleo familiar y continuar con sus estudios, habiendo demostrado un avance significativo en su progreso con el objetivo de ser reinsertado en la sociedad.

La magistrada Gilvi Quiñónez resaltó que el joven tuvo una conducta  impecable durante el cumplimiento de la medida de 2 años y 2 meses al que fue condenado y que, pese a no ser obligatorio, el mismo se sometió a todas las etapas que prevé el C.E.P. respecto al sistema progresivo, que abarca la etapa  de tratamiento por el periodo de prueba, además había pasado al sistema de semilibertad que implicaba que el mismo salga del CEI para seguir sus estudios secundarios además de otros cursos de capacitación.