En ese sentido, se da cumplimiento al Plan Estratégico 2016-2020 de la máxima instancia judicial, específicamente a los objetivos: O.E.3. – Facilitar el Acceso a la Justicia y O.E.12. – Difundir y controlar la defensa de los DDHH y la perspectiva de género en las políticas, sentencias, normativas y accionar de la Corte Suprema.

Con la clara intención de concienciar a los individuos  y sobre todo a los gobiernos, acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión de este delito a nivel mundial, en 2013 la Asamblea General de la ONU sostuvo una reunión en donde se decretó al 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas.

De acuerdo al Protocolo de las Naciones Unidas sobre el tema incurre en el delito de trata de personas quien capte, traslade, reciba o acoja a una persona con fines de explotación. La trata es un proceso que incluye diversas acciones: el reclutamiento o secuestro, el traslado (dentro del país o fuera de éste), la recepción y alojamiento de la víctima en el lugar de destino, y finalmente su explotación en un contexto de amenazas, engaño, coacción y violencia.

Según las cifras del Informe Global de Trata de Personas con énfasis en Sudamérica presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) el 72% de las víctimas detectadas en el año 2018 en todo el mundo son del género femenino. El 49% de los casos son mujeres adultas y 23% son niñas.

La trata de personas es un fenómeno muy complejo en cuanto a sus causas y consecuencias. Por ello su abordaje requiere de estrategias diversas (prevención, atención, sanción penal, etc.) que deben ser ejecutadas de forma articulada por diferentes actores e instituciones tanto del sector público como privado.