La acusada Mercedes Geraldine González Alfonso fue sentenciada a 6 años de pena privativa de libertad en tanto que Wenceslaa Lorenza Alfonso de González fue condenada a 4 años de cárcel por el hecho punible de lesión de confianza; asimismo, fueron declaradas civilmente responsables por el perjuicio causado.
Según se pudo demostrar en el juicio oral y público, en el que la agente fiscal Yolanda Portillo sostuvo la acusación, Mercedes Geraldine González estaba registrada por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat como SAT (Servicio de Asistencia Técnica) y se valió de ello para celebrar un contrato con los beneficiarios de familias denominadas conjunto habitacional Takuru Puku, que consistía en la compra del terreno y la construcción de una unidad habitacional, en el cual se deberían haber adquirido los 30 terrenos y construidas las viviendas. 
Se pudo comprobar que las obras inconclusas y que los fondos que estaban destinados para ejecutar el proyecto fueron desviados.  En el proceso también se demostró que Mercedes Geraldine González delegó la totalidad de la tarea en su madre, la señora Wenceslaa Lorenza Alfonso de González, quien no estaba inscripta como SAT, sin contar siquiera con una delegación administrativa.
Los antecedentes refieren que el hecho ocurrió en el año 2011 en la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná.