En representación del Poder Judicial asistieron a la reunión interinstitucional de la mesa PREVIM, convocada por el Ministerio de la Mujer, la Secretaria Ejecutiva de Género, profesora doctora Silvia López Safi, y la abogada Giannine Pistilli.

En la ocasión, la abogada. Liliana Zayas Guggiari, viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres, al tiempo de resaltar la presencia de integrantes de todas las instituciones, demostrando su compromiso de conformidad a la Ley N° 5777/16, puso de relieve la participación de la doctora Pilar Callizo, experta del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).

Durante la reunión se procedió a la lectura de informes que dieron cuenta de la situación procesal de las causas monitoreadas, y a partir de ello el impacto que generan en las mujeres, sus hijas e hijos los distintos obstáculos que enfrentan en los procesos llevados ante el sistema de justicia y las posibles alternativas de solución. Las representantes del Poder Judicial presentaron sus respectivos informes, expresando su compromiso a fin de dar continuidad al seguimiento y posterior presentación de resultados, en función de las auditorías de gestión llevadas a cabo en la institución, donde la Secretaría de Género funge de instancia técnica, junto con la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional. El Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública lo hicieron en igual sentido.

La intervención por parte de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia (CDIA) se orientó a la preocupación por el abuso de las medidas cautelares en los procesos ante la jurisdicción especializada de la Niñez y Adolescencia y en los que participan mujeres que defienden los derechos de sus menores hijos/as y los propios.

Se destaca que la suma de procesos abiertos contra las mujeres víctimas representa la realidad de muchas de ellas en situación de violencia, constituyéndose en una de las principales consecuencias al tomar la decisión de recurrir a la justicia. Se recordó que ello deviene en la llamada violencia institucional, estructural o sistémica, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 5777/16, De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia.

Finalmente, se concluyó con propuestas de recomendación a la Máxima Autoridad Institucional de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales que reglamentan las actuaciones de la Mesa.