El documento fue rubricado por el presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia, Gladys Bareiro de Módica, Carolina Llanes y la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.

El convenio tiene por objeto establecer las bases que regirán las relaciones de cooperación entre las partes para el desarrollo de las actividades orientadas al cumplimiento de sus respectivas misiones institucionales en el marco de la ejecución del plan de contingencia denominado “Plan de depuración de casos penales relacionados a la pandemia del Covid-19”.

Con ello se pretende implementar la aplicación de las soluciones alternativas al juicio en procesos iniciados por la comisión de hechos punibles en transgresión del artículo 10 inciso “b” de la Ley 716/1996 referentes a la violación de cuarentena sanitaria dispuesta por decreto del Poder Ejecutivo y otros tipos penales tipificados como delitos, que se apliquen en conexidad con la referida Ley 716/96, sobre violación de cuarentena sanitaria.

Las partes firmantes buscan descomprimir el sistema penal de nuevas causas ingresadas durante la cuarentena sanitaria y a la vez contribuir con sectores de la sociedad afectados por la pandemia a través de donaciones económicas impuestas en concepto de reparación social del daño en los respectivos procesos penales.