En la Sala del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se llevó a cabo la audiencia protocolar entre el presidente de la máxima instancia judicial, Eugenio Jiménez Rolón, y los ministros Luis María Benítez Riera, Gladys Bareiro de Módica Manuel Ramírez Candia, y María Carolina Llanes y los representantes del Proyecto Glazy, encabezado por el director del mismo, Manuel Almeida Pereira.

En la oportunidad, la fiscal Irma Llano, explicó que el principal objeto de la visita es realizar una evaluación del país en materia de combate al cibercrimen, y así poder optimizar la respuesta a la ciudadanía ante este flagelo.

Por su parte, el director del Proyecto Glazy, Manuel Almeida, resaltó el compromiso e interés de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con relación al apoyo del proyecto y el permanente fortalecimiento en términos de cooperación.

El Convenio de Europa sobre la Ciberdelincuencia (también conocido como Convenio de Budapest), es un instrumento internacional que fue creado en el marco del Consejo de Europa en el año 2001, al reconocerse entre otras circunstancias “(…) la necesidad de aplicar, con carácter prioritario, una política penal común destinada a proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia, entre otras formas, mediante la adopción de la legislación apropiada y el fomento de la cooperación internacional”.

La comitiva recibida por las autoridades judiciales estuvo integrada por Marcos Salt, abogado experto en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal,  el asesor del Consejo de Europa, Cristos Velasco, abogado experto en ciberdelitos y protección de datos, José María González Fraile, representante de Interpol Singapur, experto en Cibercrimen y las fiscales Irma Llano y Silvana Otazú de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos (Paraguay).