La racionalización aprobada, que permitirá optimizar la utilización de los recursos públicos mediante su redistribución a rubros considerados prioritarios y esenciales, asciende a G. 13.195.350.953, que equivale a un 6% del presupuesto aprobado. Además, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió que los ministros podrán presentar por escrito otras propuestas referentes al plan de racionalización aprobado, las que serán tratadas en su oportunidad.

La decisión afecta a varios conceptos del Plan de Gastos.

En el primer ítem se resolvió poner un “tope financiero a los objetos de gastos 144 – jornales; 145 – honorarios profesionales; y 199 – otros gastos de personal”. El monto de la racionalización en este rubro asciende a G. 6.600.000.000. Esta decisión evidencia el compromiso de la Corte Suprema de Justicia de no aumentar sus recursos humanos a través de nuevos contratos, salvo casos de extrema necesidad debidamente justificados.

Así también, se resolvió la “desvinculación de exmagistrados y funcionarios contratados que ya se encuentran jubilados” desde el mes de agosto del corriente año; el monto de la racionalización estará en el orden de G. 302.575.000.

Otro de los puntos debatidos y resueltos fue la necesidad de suprimir el pago de “bonificaciones por responsabilidad en el cargo” desde el mes de julio del corriente año. En este sentido se decidió no prorrogar el pago de dicha bonificación a 32 funcionarios permanentes en edad de jubilación, lo que totaliza la suma de G. 359.884.005. Del mismo modo, resultó afectado el Consejo de Administración Judicial (CAJ). No se prorrogará el pago de la mencionada bonificación a los funcionarios del Consejo de Administración Judicial (CAJ) y a sus cuatro consejeros; el monto asciende a G. 445.264.554. Se resolvió, también, suprimir el pago de los “gastos de representación” de los cuatro consejeros del Consejo de Administración Judicial (CAJ), con lo que se logrará racionalizar unos G. 143.000.000. Estas medidas obedecen además a la necesidad de racionalizar los recursos públicos, a mantener una coherencia de la línea discursiva del presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien en reiteradas oportunidades ha mencionado que “en el poder jurisdiccional del Estado los actores principales son los Magistrados Judiciales” y, por ello, “el costo de la estructura administrativa no puede ir en detrimento del área jurisdiccional”.

También se resolvió la “desvinculación de funcionarios por abandono de cargo”, a partir del mes de julio, con lo que el Poder Judicial dejará de desembolsar, cuanto menos, unos G. 1.103.419.595. En este aspecto, el compromiso de la máxima instancia judicial está relacionado con agilizar los procesos disciplinarios internos de las personas afectadas, a fin de lograr una depuración del personal de la institución.

Por su parte, la asignación de “cupos de combustible” se reducirá en la suma de G. 249.420.000. Esta medida prevé la supresión del 100% de los cupos para aquellos que no tengan asignados vehículos de la institución; estos últimos, además, verán reducidos sus cupos en un 25%. 

En cuanto a la “provisión de alimentos y servicios ceremoniales”, que incluyen obsequios protocolares, decoraciones, refrigerios y otros, la suma de racionalización asciende a G. 295.068.000. En este rubro, la racionalización asciende al 75% del presupuesto asignado, quedando el 25% restante destinado a costear las necesidades especiales, debidamente aprobadas por el Consejo de Administración Judicial (CAJ).

El “Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales” está pasando por un periodo de reestructuración, llevada adelante por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y superintendente del área, doctor Eugenio Jiménez Rolón; las medidas permitirán cumplir con los loables objetivos del mencionado sistema, que cuenta con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero sin desviar recursos humanos y económicos. La racionalización, en este aspecto, asciende a la suma de G. 680.000.000.

En materia de “uso de celulares”, los mismos serán asignados únicamente a ministros y a magistrados de turno, con lo que se racionaliza la suma de G. 25.684.655.

Igualmente, se restringieron los “viáticos” a lo estrictamente necesario, racionalizándolos en un monto estimativo de G. 1.205.474.630.

Finalmente, se dispuso la racionalización de los rubros de “capacitación y adiestramiento” y “becas” en las sumas de G. 1.020.810.555 y G. 764.750.000, respectivamente; ellas equivalen al 90% y 96% del presupuesto asignado originalmente.