La ministra de la CSJ mantuvo una reunión con miembros del Consejo de Administración, encabezados por el presidente, Isidro González Sánchez; sus vicepresidentes, Bertha Ávalos y Ramón Felipe Echeverría; la administradora general, Cinthia Fariña, quienes les informaron en general de los hechos que tienen relación a los aspectos financieros y administrativos, propios de este Consejo; y en particular, sobre lo que hace relación, a la vulneración de los dispositivos de seguridad en la bóveda de evidencias de los Tribunales Penales de la circunscripción.

Posteriormente, la ministra se comunicó con la Fiscalía de la región, solicitando que ésta clarifique las circunstancias en las que se dieron los supuestos hechos.  Asímismo, recibió los documentos que formalizan esta denuncia ante el Ministerio Público.

A continuación, la delegación se trasladó hasta las instalaciones de la bóveda de Evidencias y del Archivo General de los Tribunales, donde observó las condiciones en las que se desarrollan la guarda y custodia de estas evidencias.  

En el lugar se solicitó un informe pormenorizado de las evidencias y causas a las que están vinculados, así como un inventario general que identifique las evidencias faltantes, con el propósito que el mismo sirva de fundamento para una posterior toma de decisiones respecto a lo ocurrido.

Asimismo, la ministra mantuvo una reunión con jueces de Garantías y Sentencias, donde requirió informes sobre las evidencias resguardadas en la bóveda de seguridad para que puedan identificarse y determinarse las que corresponden a expedientes activos y finiquitados, y en consecuencia ordenar, si corresponde, su destrucción. En ese sentido, los magistrados Penales comprometieron toda su colaboración a estos efectos.

Finalmente, en la presidencia de la sede judicial de Ciudad del Este se realizó una rueda de prensa ante los medios locales de comunicación donde se informó sobre las actividades realizadas durante la jornada como: la revisión de las instalaciones, la formalización de la denuncia a la Fiscalía de turno, la realización de la denuncia al Superintendente General de Justicia, solicitando el sumario administrativo de manera a determinar la responsabilidad de cada interviniente en este hecho.