Los ministros Víctor Núñez, Antonio Fretes y José Altamirano, miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazaron en forma unánime la acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa del padre José Antonio Rubio. El religioso esta condenado a cinco años y medio de prisión por el desvío de unos G. 14 mil millones correspondientes la Unión Europea, y destinado para la construcción, en el 2004, de 50 pozos artesianos para poblaciones rurales en el marco del proyecto denominado Ysaká.

Los ministros rechazaron in limine la presentación al considerar que en la simple expresión explícita de la voluntad  de impugnar, es necesario que el impugnante funde en forma específica e inequívoca la lesión constitucional a fin de individualizar concretamente los vicios.

Refirieron, además que debe optarse por una de las vías, para evitar sentencias contradictorias sobre un mismo agravio. Cabe resaltar que existe una casación presentada por el padre Rubio, que debe ser analizada por la Sala Penal de la máxima instancia judicial, recurso por el cual busca anular la pena de más de cinco años de cárcel.

José Antonio Rubio, deberá además, afrontar un segundo juicio, esta vez por el uso irregular de fondos para construir nueve pozos artesianos.

Recordemos que dentro de la misma causa, también fueron condenados Sócrates Garcete, quien se desempeñaba como codirector del proyecto Ysaká y Rubén Ramírez  Cataldo como cómplice. El primero fue sentenciado, también a cinco años y seis meses de prisión y el segundo a seis meses.