Con el objetivo de promover las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), desde el 2016 se vienen realizando jornadas de trabajo con dependencias de la Policía Nacional,  el Ministerio Público y de la Defensa Pública, así como de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, además de los defensores especializados en el área penal adolescente y del Poder Judicial, específicamente los juzgados penales de la adolescencia de la Capital y Lambaré.

En las mencionadas reuniones se elaboraron tres protocolos de actuación policial; la primera es sobre la intervención de los oficiales con adolescentes de entre 14 y 17 años en conflicto con la ley penal; la siguiente, de protección policial con niños, niñas y adolescentes; y, por último, del procedimiento a seguir en caso de búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Ante el hecho acontecido el fin de semana pasado, en el cual se vio involucrado un adolescente de 16 años, comentó la jueza Edith Coronel que el juzgado de guardia a su cargo tomó la iniciativa de hacer partícipes al ministro del Interior y al comandante de la Policía de la situación irregular de la actuación policial referida al suceso mencionado.

Por esa razón el juzgado creyó conveniente ratificar el protocolo de actuación que se viene realizando en una mesa interinstitucional de la cual ha participado, explicó Coronel. Prosiguió mencionando que se llegó a un consenso por el cual se elaboró el mencionado documento y además expresó la necesidad de ratificarlo.

En la nota –con copia al comandante y dirigida al ministro del Interior– se recalcan las disposiciones que establece la Ley 57/90, que ratifica la Convención de los derechos del niño, en que se establecen los principios procesales que deben regir para las actuaciones policiales. Del mismo modo menciona las disposiciones del Código Procesal Penal, específicamente el artículo 427, en donde se refiere a adolescentes infractores de la ley penal.

Finalmente, resaltó el incumplimiento del artículo 29 de la Ley 1680, que dispone la prohibición de publicar por la prensa (escrita, radial, televisiva) o por otro medio fotografías o datos que posibiliten identificar al niño o adolescente víctima o supuesto autor de un hecho punible.