El abogado Jorge Melgarejo, coordinador de Acceso a la Justicia de la Dirección de DD.HH., explicó que la mesa de trabajo es una continuación de un compromiso que se hizo a nivel interinstitucional para la elaboración de un documento para los operadores de justicia. Básicamente, se enfocó a un recuento de las recomendaciones de los organismos internacionales con respecto a la cuestión, así también se presentaron datos estadísticos tanto de las personas privadas de libertad con discapacidad psicosocial en las penitenciarías como los que están bajo órdenes judiciales en el Hospital Psiquiátrico.

Los actores involucrados en el trabajo son representantes de  la Fiscalía General, los ministerios de la Defensa Pública, de Justicia,  de Salud Pública, del Interior y el Poder Judicial.

Por su parte, Alicia Rotela, coordinadora de Políticas Judiciales, señaló que realizan monitoreos en las penitenciarías para recabar información con relación al estado en la que se encuentran las personas privadas de su libertad, con discapacidad psicosocial, aplicando el control de convencionalidad en que Paraguay cuenta con unas sanciones de los organismos internacionales. Con respecto a la parte práctica, manifestó que una vez que tengan todas las opiniones de las instituciones involucradas en la mesa de trabajo tratarán de adaptar en un material para que todos estén en una misma línea de acción.

En su intervención, la abogada Nury Montiel, titular de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, destacó que el objetivo de la mesa de trabajo es que estas personas tengan lo necesario y en la justa medida puedan llevar adelante su privación de libertad en caso de que un diagnostico les diga que sí. “Tenemos las herramientas y los mecanismos para que esto suceda”, sentenció.

Los resultados de esta mesa de trabajo y las propuestas para la siguiente llegarán a manos de los ministros de la máxima instancia judicial.