La reunión entre las instituciones involucradas en la labor tuvo lugar en la sala de conferencias Nº 1 del Palacio de Justicia de la Capital.

Estuvo presente la secretaria de la Sala Civil de la máxima instancia judicial, Pierina Ozuna, quien manifestó que en la tarde se abrió el debate y se apuntó a cuáles serían los mecanismos para solucionar los diversos problemas que surgen en este tipo de procedimientos.

Agregó que se estarían firmando convenios y estableciendo canales permanentes de comunicación con las demás instituciones del Estado, ya que hoy en día se dan de una forma muy anacrónica. “La idea es fortalecer todo lo que hace al proceso de naturalización”, apuntó.

Por su parte, el oficial Julián Giménez Moreira, asesor jurídico y jefe de Auditoría de Gestión Interna de la Policía Nacional, manifestó la importancia de que, como organismos de seguridad, se trabaje directamente con la Corte Suprema de Justicia y con otros organismos de control, como la Fiscalía General, la Dirección General de Migraciones y el departamento de la Interpol, que coadyuva en la emisión de los informes para los naturalizados.

“Estamos conversando sobre la firma de un acuerdo entre las instituciones afectadas para poder tener link de consulta en tiempo real sobre las informaciones que cada institución tiene sobre una persona a erradicarse, radicada o naturalizada”, destacó.

La siguiente reunión está prevista para el próximo viernes 25 del corriente, y se prevé la revisión de las medidas de seguridad en cuanto a la solicitud, la emisión de la carta de naturalización y su posterior resultado, que son la cédula de identidad y el pasaporte.

Los representantes que participaron de este primer encuentro fueron: la fiscal adjunta Patricia Rivarola, por el Ministerio Público; Ignacio Dellavedova y Jorge Kronawetter, por la Dirección General de Migraciones; el Crio. Ppal. Abog. Francisco Andino, por la Copeler; oficial Raúl Páez y el abogado Celso Centurión, asesor jurídico, por el departamento de la InterpolL.