11 DE MARZO DE 2016
Aprueban manual para optimizar la planificación de audiencias
Con el fin de optimizar el funcionamiento de los juzgados penales y evitar la suspensión de las audiencias fijadas durante la etapa preparatoria, la Corte Suprema de Justicia aprobó el "Manual de Buenas Prácticas para los Juzgados Penales de Garantías y los demás auxiliares de Justicia".
Con esta iniciativa se busca que cada operador tenga conocimiento del papel que desempeña, pueda diligenciar y solucionar los percances que a diario se presentan. En dicho afán la planificación de audiencias resulta una fórmula efectiva para reducir las suspensiones que se han convertido en práctica habitual en nuestros tribunales.
Para la aplicación del manual de buenas prácticas se hace necesario diseñar un nuevo sistema para lograr la efectiva sustanciación de audiencias. Asimismo, el juez deberá velar por la regularidad del litigio, por imperio del artículo 113 del Código Procesal Penal, aplicando las sanciones previstas en la ley procesal y las acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia, ante el incorrecto ejercicio de las facultades procesales concedidas a las partes, manteniendo de esta forma la estabilidad y credibilidad del sistema penal.
Una de las labores más importantes del juez es la realización de las audiencias, por ello la dirección de la misma implica “preparación”, el juez y/o funcionario asignado deben manejar un calendario eficiente, teniendo en cuenta los tipos de hechos punibles, su complejidad, número de imputados, víctimas, etc., y coordinar el plan de trabajo a fin de descongestionar el alto índice de morosidad por la suspensión de audiencias.
De las experiencias surgidas a lo largo de los años, el Juzgado Penal de Garantía del Primer Turno de Cordillera ha implementado ciertas pautas que fueron convirtiéndose en “reglas”, que en aras del mejoramiento de la justicia paraguaya se ponen a conocimiento y disposición de los demás Juzgados Penales de Garantías, pretendiendo lograr la efectiva realización de las audiencias y la culminación de los procesos penales dentro del plazo razonable con un impacto directo en la lucha contra la morosidad judicial. A continuación, se adjuntan las pautas a seguir por los juzgados: