En el marco de las políticas y estrategias que beneficien a usuarios y promuevan al Acceso  a la Justicia, contemplado en las "100 Reglas de Brasilia" y en la Acordada 633/10 que tiene como propósitos la remoción de obstáculos para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas en estado de vulnerabilidad, la no revictimización y la sensibilización de los administradores de Justicia, se llevó a cabo un encuentro que contó con la presencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia y responsable de la Contaduría General de los Tribunales, doctor Miguel Óscar Bajac, quien agradeció la presencia de los magistrados y su predisposición para colaborar con la iniciativa.

Asimismo, el presidente del Banco Nacional de Fomento, Carlos Pereira, indicó que la institución a su cargo está lista para colaborar con lo que sea necesario para ejecutar el proyecto.

Por su parte, la doctora Marta Sosa, contadora general de los Tribunales, explicó que el proyecto de “Extensión del alcance y beneficios de las tarjetas de débito” está orientado a beneficiar a víctimas de abuso sexual, violencia doméstica y trata de personas, y garantizar la reparación civil inmediata de los daños a través del cobro mediante tarjetas de débito una vez que sea ejecutada la sentencia del magistrado.

Con esta iniciativa se prevén la descongestión de los juzgados y el fortalecimiento del sistema judicial. La misma fue acogida con interés por los magistrados y magistradas presentes.

Cabe mencionar que mediante un convenio, firmado anteriormente, entre la máxima instancia judicial y el Banco Nacional de Fomento, la Contaduría General de los Tribunales implementó el uso de las mencionadas tarjetas para las gestiones propias de los juicios por prestación de alimentos, evitando así que los involucrados hagan reiterados recorridos por las distintas instituciones para la extracción de los fondos depositados en este contexto.

Actualmente existen numerosos casos de abusos y violencia intrafamiliar que involucran a niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario contribuir a la celeridad de los trámites propios de la reparación de daños y perjuicios, limitando así a la exposición innecesaria de las víctimas durante el proceso judicial.