Protocolo sobre medidas cautelares para Niñez y Adolescencia
La Corte Suprema de Justicia, reunida en una mesa interinstitucional, analizó la acordada y el protocolo administrativo que regirá para los casos de medidas cautelares solicitadas ante jueces de la Niñez y la Adolescencia para la internación de niños en sanatorios privados. Los documentos serán presentados ante el pleno de la máxima instancia judicial para su aprobación.
El equipo de trabajo está compuesto por representantes de los tres poderes del Estados: la ministra Alicia Pucheta de Correa, por la Corte Suprema de Justicia; el procurador general de la República, Roberto Moreno; el representante del Ministerio de Salud, Raúl Latorre; y la Secretaría de la Niñez, entre otros.
Durante la reunión fueron ultimados ajustes desde el punto de vista jurisdiccional en un proyecto de acordada, que será puesto a consideración del pleno de la Corte. El mismo contendrá las pautas orientadoras para los jueces y las juezas de la Niñez y la Adolescencia de toda la República, para otorgar un mecanismo ágil a las medidas cautelares en los casos de peligro inminente para la salud de los niños, niñas y adolescentes.
Estas pautas corresponden a los casos en que, con base en el diagnóstico del médico tratante, el juez o la jueza vean los mecanismos de internación en las instituciones sanitarias públicas, y si esto no es posible, en las instituciones privadas. Asimismo, la regulación de estas instituciones públicas y privadas se realizará de acuerdo a un protocolo, que es un procedimiento administrativo, el cual permitirá tener una respuesta rápida a estas situaciones de urgencia.
Por otro lado, para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social el siguiente paso es, ante la necesidad de un paciente de un tratamiento de mayor complejidad, comunicar al Centro Regulador del SEME a través del 141, que a la vez cotejará la disponibilidad en el Sistema Público de Salud; de no existir esa disponibilidad, se generará la búsqueda en las camas tercerizadas, para las cuales ya existen convenios vigentes; en caso de ser negativo, se estarían pasando a las medidas de urgencias, para las cuales se estaría realizando la comunicación con las autoridades pertinentes con el fin de elaborar la orden judicial para la internación en los hospitales privados con los que el ente estatal no tiene un contrato vigente.
