La instalación de sistemas de integridad requiere que sean consideradas las diversas dimensiones que hacen al funcionamiento de una organización, tales como:
• La Dimensión normativa : Consistente en contar con un respaldo normativo, expresado a través de una resolución u otro documento que formalice el compromiso institucional en la implementación de medidas anticorrupción.
• La Dimensión Financiera : La implementación efectiva de un sistema de integridad, requiere de la asignación de los recursos necesarios que lo viabilicen. La institución debe desarrollar la capacidad para proveer de tales recursos.
• La Dimensión Cultural : La instalación y desarrollo de un sistema de integridad requiere que las personas de la organización hayan desarrollado una “conciencia básica” sobre el impacto de la corrupción y la importancia de la integridad como elemento esencial de la gestión generando una nueva cultura institucional donde la integridad sea considerada para las grandes y pequeñas tareas, es decir, que se haya convertido en una pauta de conducta habitual.
• La Dimensión Tecnológica : La tecnología resulta un aliado importante para facilitar los procesos de gestión y de control de manera a garantizar la transparencia y la participación de los diversos actores involucrados.
• Infraestructura : Los espacios de trabajo deben adecuarse para favorecer la transparencia en el trabajo. Un ejemplo de esto es eliminación progresiva de los espacios “aislados o reservados” a favor de diseños que permitan la visualización de las acciones tales como el uso de mamparas traslucidas o cubículos con separaciones de baja altura.
El análisis de las dimensiones antes citadas posibilitará conocer las posibilidades reales de la institución a los efectos de implementar Medidas de fortalecimiento institucional y legal, que son acciones de carácter interno destinadas a fortalecer el funcionamiento general de la institución. Esto nace de la premisa de que una parte importante del proceso de gestión de la transparencia y la integridad institucional, pasan por el ordenamiento administrativo y legal, cuyo aporte fundamental consiste en reducir los riesgos de corrupción. Estas medidas comprenden acciones de diversos tipos tales como:
• El mejoramiento general de la calidad de la gestión institucional;
• La identificación de áreas y procesos vulnerables a la corrupción;
• El mejoramiento de la calidad de los procesos de contrataciones públicas;
• La instalación de carreras administrativas en el sector público;
• El mejoramiento de la calidad de los procesos de selección de funcionarios;
• El mejoramiento de la calidad de las retribuciones a Funcionarios /as de las áreas sensibles;
• La implementación de Códigos de ética y reglamentos de conducta;
• La capacitación regular y sistemática en valores al interior de la institución;
• El mejoramiento de los procesos y procedimientos de trabajo;
• La desburocratización de los procesos, en especial de los más críticos.
Los elementos básicos a considerar a la hora de instalar un sistema de integridad son:
- El compromiso de la máxima autoridad con el proyecto, manifestado públicamente para la implementación efectiva de las medidas.
- El desarrollo de mediciones objetivas respecto a la situación de la institución en materia de integridad y a la condición real de vulnerabilidad a la corrupción o riesgos a ser prevenidos.
- La identificación de las áreas y cargos más vulnerables a la corrupción.
- El establecimiento de una política de integridad que comprenda la formulación de objetivos de integridad, congruentes con las disposiciones nacionales e internacionales, que guíen las acciones orientadas a la instalación y desarrollo del Sistema de Integridad Institucional. Esto debe contar con el respaldo normativo correspondiente para garantizar la sostenibilidad jurídica del proceso.
- La sensibilización de los funcionarios de todas las áreas de la institución respecto a la importancia del rol que desempeñan como “servidores públicos”, el impacto de la corrupción y las características de una gestión pública integra y ética. La eficiente atención de este aspecto posibilitará la progresiva instalación de una “cultura de la integridad” que deberá reflejarse en los actos administrativos y políticos de la institución.
- La asignación de los recursos financieros, humanos, tecnológicos y de infraestructura, necesarios para la implementación efectiva del sistema de integridad. Esta asignación debe establecerse en el momento de la elaboración del presupuesto institucional y debe contar con el respaldo normativo necesario para garantizar su continuidad.
- La instalación de un sistema efectivo de medición de los avances alcanzados por la organización, que pueda ser empíricamente verificable por instancias terceras e imparciales a la institución, a los efectos de brindar credibilidad a los resultados publicados.
Finalmente, cabe enfatizar que los elementos señalados deben implementarse en coordinación y con la activa participación de los diversos sectores de la sociedad civil. [1]
[1]Organizaciones de la Sociedad Civil , Universidades, Gremios, entre otros.