La ética de la gestión pública describe los principios que debe guiar la toma de decisiones sobre el Estado. Considerando su alta complejidad, éstos dilemas deben ser debatidos y para ello, los códigos éticos resultan necesarios para aclarar las dudas, orientar las acciones y dirimir las situaciones en los casos de conflicto de intereses. En la Administración Pública se debe buscar reducir al mínimo las incertidumbres respecto a la manera de obrar de los funcionarios.

En el ámbito público, la responsabilidad en la toma de decisiones adquiere una modalidad mucho más prescriptiva, por lo cual debe quedar establecido con claridad lo que está permitido y lo que no lo está.

La ética de la Función Pública

Toda persona que se encuentre desempeñando un cargo en la función publica, cumple de hecho una función social como parte de gobierno. Por está razón, al brindar un servicio, tiene la obligación de actuar conforme a las leyes en un marco de honestidad, transparencia e integridad, debido a que es depositario de la confianza pública. En este sentido es importante establecer una distinción entre usuario y cliente. Las personas físicas o jurídicas que adquieren bienes o servicios de una organización privada son considerados clientes debido que a pagan por ello. En tal carácter y de acuerdo al volumen de sus compras, algunos clientes pueden recibir un trato preferencial respecto a otros. Sin embargo, los ciudadanos son usuarios de los servicios de las instituciones públicas y deben acceder a ellos sin distinciones ni preferencias de ninguna clase porque sus derechos están consagrados en la Constitución y las leyes.

Henry define la ética de la función pública como el “conjunto de valores que proporciona, a quienes se manejan en instituciones públicas, las nociones que les permiten servir al interés público y no a sus beneficios personales” (1)

En un contexto republicano, cualquier ciudadano puede y tiene el derecho de participar de la administración del poder. El arte de gobernar exige saber trabajar y negociar con todos los ciudadanos. En tal sentido, el amiguismo, las mafias partidarias, o el nepotismo de la parentela, son propios de sistemas corruptos, temerosos de enfrentar la responsabilidad de la administración del Estado. La confianza ciudadana se basa en la honestidad y en el cumplimiento de la ley. El poder esta limitado por la neutralidad e igualdad ante la ley.

Los partidos políticos son un instrumento de participación política, en un gobierno democrático. Se constituyen en una organización de personas que comparten una misma voluntad popular expresadas en programas de acción y representadas por un candidato. Su acción proviene del ejercicio de la libertad de asociación. No tienen naturaleza de poder público ni constituyen órganos del Estado.

(1) HENRY, NICHOLAS. 1998. Public Admninistration and Public Affairs. 7ª Edición. NJ: Prentice Hall.