Estrechamente ligado al concepto de Estado se encuentra el de gobierno, en el sentido que, todo Estado necesita ser gobernado. El gobierno es una organización política y está conformado por ciudadanos autorizados a dirigirlo.
Weber lo define como “el grupo de personas dotado de ciertas facultades de mando y dirección con respecto al Estado en virtud a un sistema de normas racionales estatuidas” (1)
Consecuentemente con la función del Estado, el gobierno debe asegurar el bienestar de todos los ciudadanos; y son precisamente éstos, quienes al ejercer su derecho al voto, eligen a quienes gobernarán al Estado por un período de tiempo, depositando en ellos la confianza de que administrarán adecuadamente los recursos públicos.
Con frecuencia lo moral se confunde con lo ético, porque son conceptos estrechamente vinculados. La diferencia radica en que mientras lo moral se ocupa de las reglas y normas establecidas, lo ético va más allá, y se plantea si lo que se hace es bueno o malo conforme a la manera en que afecta a los demás. Por ejemplo los códigos de ética establecen que tipo de acciones corresponden que sean realizadas por un funcionario público y que no. La ética nos refiere a los principios y la moral trata de llevarlos a la práctica a través de la norma.
Se puede afirmar entonces que:
“la moral es un sistema de normas, principios y valores, que regulan las relaciones de las personas entre sí y de éstas con su comunidad” mientras que “la ética es la disciplina que estudia las normas morales para determinar si los juicios morales y las acciones que se basan en ellos, son más o menos correctos. En términos más simples, la ética analiza la forma en que nuestras decisiones afectan a los demás, es decir a quien beneficia o perjudica un acto”(2)
La ética y la moral nos enfrentan a conflictos que pueden ser contradictorios, y que se denominan conflicto de intereses, por este motivo resulta de gran utilidad establecer algunas diferencias entre la ética individual y la ética pública.
Ante una situación dada, por ejemplo, un funcionario puede plantearse dudas como; ¿Qué hacer, contrato a mi pariente o no? ¿Cumplo la ley o protejo a mi familia?, ¿Con qué criterio puedo realizar lo correcto?, ¿Por qué debo actuar éticamente?, etc.
Cuando se trata de la vida privada de cada individuo, dilema similares a estos se resulten por medio de la razón, analizando las circunstancias para decidir como actuar. Esto es lo que admite la ética individual.
Sin embargo, cuando una persona está en función de gobierno, sus decisiones deben estar enmarcadas en la ética pública, que se sustenta en el principio del bien común. Es decir que se juzgará como bueno solo aquello que resulte beneficioso para toda la ciudadanía, sin exclusiones. Todo funcionario público que tiene la responsabilidad de tomar decisiones se enfrenta a un dilema mucho más complicado, el de deliberar lo que es conveniente para la comunidad. Su función le obliga a renunciar a sus intereses personales y a someterse y comprometerse con el principio del bien supremo.
WEBER, “Economía y Sociedad” 1987.
HÖFFE, OTFRIED ED. “Diccionario de Ética” Editorial Crítica Grupo Grijalbo-Mondadori Barcelona 1994