El documento, que lleva la firma de la doctora Cristina Crespo, presidenta del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados señala “la honda preocupación por los siete Ministros de la Corte Suprema esperando que de manera pacífica se encuentren soluciones ante esta situación”.

La misma manifiesta que según los análisis realizados, la resolución parlamentaria contraviene, sin mayores fundamentos, lo establecido en los arts. 248, 261 y 254 de la Carta Magna que significativamente, son los que consagran la independencia del Poder Judicial, y el previo juicio político para la remoción de los Magistrados de la Corte Suprema.

“El juicio político es el instrumento que, por definición, garantiza el equilibrio entre los tres poderes del Estado, y así como toda otra norma disciplinaria, tiene como contenido axiológico el orden democrático”, manifiesta parte del mensaje.

Según manifestó Crespo el objetivo principal de su agremiación es defender la independencia de los poderes judiciales del mundo. “Estamos aquí para trabajar con las asociaciones de magistrados sobre cuestiones relativas a la independencia de los mismos, a la estabilidad de ellos en sus cargos, entendido esto, no tanto como un Derecho Laboral de los jueces sino como un Derecho Humano de los ciudadanos, de tener un juicio justo, dictada por una sentencia a cargo de un juez independiente que no tenga presiones de carácter político partidario, religioso, económico y de ninguna otra índole y que la sentencia sea basada en las pruebas recabadas y en las leyes que rigen en la República”, sostuvo.

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