1.2. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada y declaró la inaplicabilidad del Decreto Reglamentario Nº 6597 en sus artículos 46 y 47, por contravenir los artículos 3, 14 y 137 de la Constitución al apartase tangencialmente del espíritu de la Ley 779, la cual reglamenta, al crear cargas excesivamente onerosas para quien contrata con el Estado y no asegurar el cumplimiento de la Ley o a definir conceptos poco claros explayados por el legislador en la norma.

La Corte entendió que aún cuando la creación de obligaciones y cargas estuviesen implícitos en la Ley, forzosamente deberían constar en forma explícita y detallada entre las cláusulas del contrato celebrado entre las partes, no dándose tal circunstancia en el caso particular. El hecho de incluirlas en el Decreto impugnado resulta inoficioso por desnaturalizar la finalidad de un marco reglamentario, debiendo apuntar éste a establecer pautas a seguir a los efectos de asegurar el cumplimiento de la Ley de la que emerge.

El Poder Ejecutivo por medio del Decreto 6597 al crear obligaciones no previstas en la ley y modificar el sentido de ella, ejerce funciones de orden legislativo, extrañas a su campo de acción y al sancionar un decreto reglamentario con elementos de tinte legal y pretender su aplicación se incurre en la inversión del orden de prelación normativo, vedado por la Ley Fundamental como se expresa en el Art. 137.

La Corte declaró, igualmente, que la Carta Magna permite la aplicación con efectos retroactivos únicamente en materia penal. En el caso de autos la Ley 2568 que aprueba el contrato de concesión lleva fecha 12 de mayo de 2005 y el Decreto reglamentario  data del 15 de noviembre de 2005.

Fuente: www.pj.gov.py/jurisprudencia