En Mayoría la Sala Constitucional, con el voto preopinante del Ministro Núñez, y la adhesión al mismo del Doctor Bajac, hace lugar a la acción de inconstitucionalidad, fundada en que la resolución recurrida aparece de un modo evidente, palmario, claro, como arbitraria, teniendo en cuenta que los signantes han prescindido de las normas jurídicas que rigen la materia y han invocado prueba inexistente. El estudio se centró en la habilidad o no del título presentado a ejecución y del cual se infirió que se lesionaron derechos procesales y sustanciales en detrimento del debido proceso y de la garantía de la defensa en juicio.

El préstamo debe estar documentado mediante pagarés suscriptos a la orden de la entidad, firmados previos al desembolso, circunstancia que fue recogida en la escritura de constitución de hipoteca a favor del BNF, documentos que no fueron acompañados por el Banco demandante como base para la elaboración del certificado de deuda por vencimiento de alguna de las obligaciones; lo cual se consideró correcto.

La Corte manifestó que no ser puede dejar vigente una resolución que, contra el texto de la ley y la teoría general de los títulos de crédito, permita que un Banco crezca a su voluntad un título de crédito, sin que haya un instrumento firmado por el presunto deudor, que lo habilite para ello (pagarés), y sin que esté acreditada de forma segura y concreta la existencia de la deuda. Por lo cual, se acogió favorablemente la acción de inconstitucionalidad.

Con voto en disidencia el Ministro José Altamirano Aquino dijo que en resolución anterior ya se había adherido al criterio del Dr. Antonio Fretes, quien preopinaba votando por el rechazo de la acción, al igual en la ocasión, la misma no puede prosperar, pues no lesiona principios ni garantías constitucionales que ameriten la declaración de inconstitucionalidad y aclara que cualquier agravio constitucional que el recurrente manifieste contra el art. 80 del Decreto Ley Nº 281/61 aprobado por Ley Nº 751/61, debió ser recurrido por el mecanismo y en la oportunidad procesal prevista en el art. 538 del CPC, es decir, a través de la correspondiente EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En el caso, corresponde tener presente lo dispuesto en el art. 562 del CPC[1].

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