El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia remitió días atrás a la Superintendencia General de Justicia los resultados de un control realizado por la Dirección General de Auditoría de Gestión del Poder Judicial, sobre la obligación de presentar informes trimestrales y cierre de protocolos de los escribanos públicos habilitados por el máximo tribunal de la República.

El documento detalla que son 1164 los escribanos públicos que cuentan con la habilitación por parte de la máxima instancia judicial, de los cuales 252 han presentado informes trimestrales y cierre de protocolos correspondientes al 2009, 5 lo hicieron sin movimiento todos los libros de protocolos habilitados durante dicho año, mientras que 135 no presentaron los informes trimestrales ni cierre de protocolos y los restantes 772 han elevado sus informes parcialmente, siempre en el 2009.

Cabe mencionar que los escribanos están obligados a cumplir dicho requisito en virtud de lo establecido en el Código de Organización Judicial y normativas vigentes que rigen la materia.  En la Corte Suprema de Justicia existen antecedentes sobre apercibimientos, suspensiones e incluso cancelación de matrículas como consecuencia de la comisión de irregularidades por parte de escribanos públicos.

Asimismo, y con relación a las faltas cometidas por los escribanos, el Consejo de Superintendencia remitió a la Oficina de Quejas y Denuncias, los antecedentes acerca de las ausencias en su asiento notarial del escribano Hermes Varela Martínez.           

La mencionada dependencia de la Corte Suprema de Justicia se hará cargo del respectivo registro de la causa y luego se encargará de su derivación.  Asimismo, se encomienda al Superintendente General de Justicia, Rafael Monzón a constituirse al mencionado asiento notarial para su verificación y elaboración de informe.