3.      Los accionantes manifestaron que las disposiciones legales señaladas, lesionaban los artículos 6, 46, 47, 86, 87, 88 y 92 de la Constitución y reclamaron el derecho de igualdad y a la no discriminación, expresando su inquietud porque la Ley de la Función Pública no les permitía trabajar con libertad en la profesión de Abogado.-

4.      Para la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la incompatibilidad mencionada, se encuentra plenamente justificada, con cualquier trabajo que pueda menoscabar el estricto cumplimiento de las obligaciones de un funcionario público, teniendo en cuenta las importantes funciones a su cargo que deben ser cumplidas con responsabilidad e imparcialidad e, incluso, estaría plenamente justificada desde una perspectiva de justicia social en el reparto de empleo público.-

5.      El problema, en realidad, podría ser otro: la exigüidad de la compensación económica en la función pública, que compele al servidor público a buscar otros ingresos con los que satisfacer las exigencias de la vida, en el particular entorno que le corresponde vivir.-

6.      En concordancia con el artículo 102 de la Constitución Nacional: Los funcionarios y empleados públicos gozan de los derechos establecidos en esta Constitución en la sección de derechos laborales, en un régimen uniforme para las distintas carreras dentro de los límites establecidos por la ley y con resguardo de los derechos adquiridos, que legitima constitucionalmente a la Ley N° 1626/2000 en la parte que dispone: De los derechos laborales de los funcionarios y de los empleados públicos. Los funcionarios y los empleados públicos gozan de los derechos establecidos en esta Constitución en la sección de derechos laborales, en un régimen uniforme para las distintas carreras, dentro de los límites establecidos por la ley, considero que la presente acción debe ser rechazada por no afectar a ningún mandato constitucional.-