El trabajo consistió en un análisis a la Corte Suprema de Justicia para ir viendo los alcances y la factibilidad de la implementación del Concurso Público de Oposición para acceder a los cargos del Poder Judicial.

El objetivo principal es dotar de capacidad técnica y operatividad a la Dirección General de Recursos Humanos en el marco de los concursos que ayudarán a lograr mayor transparencia y eficiencia para brindar un mejor servicio a la ciudadanía dando cumplimiento a lo dispuesto en la Acordada Nº 1165/17, que establece el Reglamento General de Concursos de ingreso y promoción de personas.

Según indicaron representantes de Usaid, en marzo del próximo año se prevé realizar más concursos de oposición para la Corte. Estuvieron presentes en la reunión informativa la vicepresidenta de la máxima instancia judicial, doctora Miryam Peña, y los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón.

Recordemos que durante la sesión plenaria del 18 de setiembre pasado la Corte Suprema de Justicia resolvió aprobar el citado reglamento, que tiene por objetivo establecer los criterios administrativos y técnicos necesarios para la gestión del ingreso y desarrollo de los funcionarios mediante concursos.

El documento entra en vigencia atendiendo lo establecido en la Acordada Nº 1165/17, “por la cual se aprueba el Modelo de Gestión de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia”.

Conforme a lo establecido en el Reglamento General de Concursos, este se aplicará a todos los cargos presupuestarios disponibles según normativas vigentes, con excepción de los correspondientes a magistrados y los puestos definidos como de confianza. Por ende, podrán participar las personas que cumplan con lo establecido en las bases y condiciones.

Asimismo, vale resaltar que los concursos tendrán base en los siguientes principios: la igualdad y equidad, publicidad, así como la transparencia, objetividad e imparcialidad y la legalidad. Estos últimos elementos conforman los ejes fundamentales de la máxima instancia judicial en el aumento de la credibilidad de la ciudadanía hacia este poder del Estado.