Información General
Es un programa nacional del Poder Judicial en el marco de ampliación de políticas públicas de acceso a justicia, para grupos en condición de vulnerabilidad. Para su implementación cuenta con el apoyo técnico de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Sistema se sustenta en una red nacional de voluntariado, constituyéndose en un servicio totalmente gratuito, destinado a promover la igualdad en materia de acceso a justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, allanando los obstáculos que la impidiesen.
Los facilitadores judiciales son los nexos más importantes para lograr la efectiva intercomunicación entre la comunidad, los Juzgados de Paz e instituciones estatales. Aunque cumplen funciones con el respaldo de la Dirección del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales del Poder Judicial, no asumen funciones jurisdiccionales; es decir que no pueden juzgar, castigar o condenar por sí mismos; así como no sustituyen tareas que competen a otros órganos complementarios y auxiliares de justicia (Policía Nacional, Fiscalía, Defensoría Pública, etc.), sino que los apoyan en el cumplimiento efectivo de sus respectivos cometidos.
Además de ello, cada facilitador tiene el deber de persuadir y convencer mediante el diálogo respetuoso, buscando permanentemente el consenso, constituyéndose en un amigable componedor, enmarcado en el estricto cumplimiento de la Ley.
Cabe destacar que para desarrollar el proceso de elección de un facilitador judicial, se procede primeramente a desarrollar una serie de jornadas de difusión en cada zona en que será elegido el voluntario de justicia, posteriormente la comunidad es convocada a una Asamblea, a fin de que la misma proponga a sus candidatos y defina, por medio del voto directo, a la persona de confianza para desempeñar esta función.
Una vez culminado el mencionado proceso y verificados los requisitos exigidos para ser facilitador, la Asamblea presenta al candidato a la Dirección del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para su designación formal por medio de resolución fundada y el posterior acto de juramento para la toma del cargo.
