El dialogo organizado por Amnistía Internacional se desarrolló apuntando a la posible implementación del reglamento internacional a la legislación nacional. El doctor Luis María Benítez Riera, ministro de la Corte Suprema de Justicia y responsable de la Dirección de Cooperación y Asistencia Jurídica Internacional, indicó que “La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente con vocación universal de carácter complementario respecto a las jurisdicciones nacionales”.

“El Estado Paraguayo se hizo parte y promueve la universalidad del estatuto de Roma, apoya el trabajo de la Corte Penal internacional y que actualmente busca introducir en su legislación interna los demás instrumentos que conforman los regímenes del Estatuto” puntualizó, el ministro Benítez Riera, representante de la máxima instancia judicial.

Por su parte, Juan Miguel Bibolini director general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó la satisfacción de poder acompañar el diálogo referente a la implementación, ya que la Cancillería Nacional formó parte del grupo técnico de trabajo interinstitucional para la redacción del anteproyecto de ley e implementación del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Agregó que el objetivo de este proyecto es la instauración de las figuras de protección del estatuto de Roma a partir de su codificación, los tipos penales estipulados con sus respectivas sanciones.

La asesora jurídica del Ministerio Público, doctora Patricia Rivarola, señaló que la utilidad del referido reglamento como un instrumento jurídico líder”.

Durante el dialogo destacaron la obligación y necesidad de implementar al Estatuto de Roma debido a su principio de complementariedad, crimines y principios. Además, presentaron algunos ejemplos de buenas prácticas.

En este punto, los responsables en exponer fueron: Michelle Reyes, Coordinadora Regional para Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional (CICC), y Hugo Revela, asesor Legal de Amnistía Internacional. En otro momento, se dio realce a la obligación y necesidad de implementar al Estatuto de Roma: Cooperación con la CPI, algunos ejemplos de buenas prácticas, congelamiento de activos y el beneficio para las víctimas.

Disertación que estuvo a cargo de la abogada Romina Morello, Asesora legal, Parlamentarios para la Acción Global (PGA). También, fueron temas de debate, lo relacionado al proceso de elaboración y discusión del proyecto de ley en Paraguay Santiago Fioro, punto focal sobre Derecho Internacional Humanitario de la Unidad General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de la abogada Sonia Decoud, asesora de la Comisión Justicia, Trabajo y Prevención Social de la Cámara de Diputados.

Como tema concluyente se abordó el punto sobre la teoría de la práctica: El rol de jueces, juezas y fiscales en la Implementación, a cargo de Michelle Reyes, Coordinadora Regional para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional (CICC) y la bogada Romina Morello, Asesora Legal, Parlamentarios para la Acción Global (PGA).

Cabe mencionar, que los moderadores de la sesión de preguntas y respuestas posterior a cada ponencia, fueron los magistrados Emiliano Rolón, María Teresa González de Daniel, Abogada Elizabeth Flores, Dirección de Derechos del Ministerio Público y la abogada Liliana Zayas, fiscal.

Se destaca la participación virtual, a través de un video mensaje, de la presidenta de la Corte Penal Internacional, Jueza Silvia Fernández de Gurmendi y de la abogada Mónica Paredes, Directora de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay.

Antecedentes

Es necesario recordar que el proyecto de ley interna para la implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ingresó el 6 de marzo de 2013 en la Cámara de Senadores, remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores; dicho proyecto fue elaborado por una mesa de trabajo conformado por representantes de los tres poderes del Estado. Aún está pendiente de su tratamiento y aprobación en esta Cámara, y posteriormente debe ser aprobado por la Cámara de Diputados.