La máxima instancia judicial adoptó esta determinación consciente de la situación que azota al Paraguay en materia de criminalidad y con el objetivo de dar un abordaje integral a los hechos punibles que padece la ciudadanía.

En dicho informe los magistrados deberán consignar el lugar de la comisión del hecho punible. En las circunscripciones del interior dichos informes deberán ser canalizados a través de las presidencias de los consejos de administración, para su posterior remisión a la Corte Suprema de Justicia.

La información recabada deberá ser procesada por la Oficina Técnica de Apoyo a la Justicia Penal y la Dirección de Planificación, a los efectos de presentar un mapeo sobre la comisión de dicho hecho punible, de modo a abordar su prevención, por un lado, y la agilización procesal del trámite, por otro, en una mesa interinstitucional integrada por representantes del Ministerio del Interior, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de Educación.