Unidad 1

Bien común: Es un principio fundamental de la ética social en el ámbito de la sociedad civil y del Estado. En tanto que principio de decisión en el marco general de la realización de la justicia, el bien común debe servir indirectamente para la satisfacción de las aspiraciones y necesidades de los miembros individuales de la sociedad. El bien común y el interés público dependen en última instancia de la buena voluntad razonable y la competencia moral de los responsables de las decisiones públicas.

C

Calidad de vida: Se entiende por calidad de vida las condiciones normativas y materiales necesarias para la configuración de una vida humana. Además de su significación económica esta idea tiene también una significación ecológica, sociopolítica y ética. La calidad de vida se compone de elementos diferenciados: en condiciones materiales de la vida humana y de normas morales de realización individual. La calidad de vida es un imperativo social dotado de significación ética: define las normas fundamentales de la vida social a las cuales puede remitir cada cual las normas de su acción. La realización de las normas individuales debe encontrar apoyo en las normas sociales, pero no su contenido. En la jerarquía de los valores sociales, en el sentido del bien común, la calidad de vida, establece el postulado de que el orden de los bienes reales disponibles debe ponerse al servicio del orden social y humano, y no a la inversa.

Corrupción: consiste en la trasgresión o desviación de las normas o del mandato institucional de manera intencional para obtener beneficios personales o de terceros, a través de transacciones clandestinas extra institucionales, individuales o colectivas.
Estas desviaciones conllevan un acto de “deslealtad” hacia el fin del Estado de buscar el bien común, distorsionando sus funciones y obstaculizando el ingreso de recursos institucionales, así como el desarrollo de los proyectos.

D
Democracia: (gr., gobierno del pueblo) Designa no solo una determinada forma de Estado, sino en general una forma de vida sociopolítica. Como régimen político la democracia es un sistema de dominación cuyo poder emana del pueblo (soberanía popular), en el que la voluntad general (y no la suma de voluntades individuales) representadas directamente en asambleas o indirectamente en la democracia representativa se ejecuta mediante el gobierno y la administración de la justicia.

E
Estado de bienestar: Estado de bienestar, proyecto y modelo de sociedad que constituye el principal punto programático de gran número de ideologías y partidos políticos actuales. El concepto, surgido en la segunda mitad del siglo XX, parte de la premisa de que el gobierno de un Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el ‘bienestar’ de los ciudadanos en determinados marcos como el de la sanidad, la educación y, en general, todo el espectro posible de seguridad social. Estos programas gubernamentales, financiados con los presupuestos estatales, deben tener un carácter gratuito, en tanto que son posibles gracias a fondos procedentes del erario público, sufragado a partir de las imposiciones fiscales con que el Estado grava a los propios ciudadanos. En este sentido, el Estado de bienestar no hace sino generar un proceso de redistribución de la riqueza, pues, en principio, las clases inferiores de una sociedad son las más beneficiadas por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios ingresos.

Estado de derecho: fórmula relativamente reciente en el Derecho Constitucional, con la que se quiere significar que la organización política de la vida social, el Estado, debe estar sujeta a procedimientos regulados por ley. El concepto de Estado de Derecho culmina una larga evolución histórica cuyos inicios se pueden situar en los orígenes mismos del Estado constitucional. Es el resultado final de la suma de una serie de elementos que han surgido en un proceso de lucha y que han supuesto la ampliación de su base material. Tres momentos fundamentales se pueden distinguir en su formulación hasta alcanzar el sentido que tiene en la actualidad.
En el primer momento se luchó para que el Estado, personificado en el monarca y en las instituciones en que se fundamenta (burocracia, ejército y aristocracia), se sometiera en el ejercicio del poder a formas jurídicas bien establecidas, reglas generales, dadas con el consentimiento de la representación de la sociedad (en el Parlamento), discutidas y públicas. En esta primera acepción supuso ya el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos: libertad civil, igualdad jurídica, independencia del poder judicial y garantía de la propiedad. En un segundo momento, el Estado de Derecho implicó también la extensión del control judicial a la actividad administrativa. A finales del siglo XIX se produjo un fuerte debate en torno a esta cuestión, que cristalizó con el desarrollo de la administración contencioso-administrativa, encaminada a romper la impunidad del Estado ante sus propias acciones. El tercer momento se inició después de la I Guerra Mundial. El concepto de Estado de Derecho pasó a incluir la legitimación democrática del poder del Estado, que también tiene que estar sometido a norma jurídica.
Por tanto, el Estado de Derecho supone el reconocimiento de los derechos personales (imperio de la ley), la responsabilidad del Estado y la legitimación democrática del mismo.

Nepotismo: Nepotismo (o trato de favor), práctica de realizar nombramientos de cargos públicos y proporcionar empleo dentro de la administración a partir de la afiliación política o la relación personal y familiar antes que por la aplicación de un criterio de idoneidad o mérito de la persona nombrada. Para algunas autoridades, en el concepto de trato de favor se incluyen prácticas como el favoritismo en la asignación de contratos, ya sean de obras públicas o con cualquier otro fin público, y el gasto de fondos públicos para beneficio de las personas favorecidas.

Régimen parlamentario: La tipología clásica distingue dos posibles tipos de regímenes democráticos, susceptibles de numerosas variantes: los regímenes parlamentarios (en los que el gobierno, responsable ante un Parlamento susceptible de ser disuelto, ejerce el poder en nombre de un jefe de Estado) y los regímenes presidencialistas (en los cuales el poder ejecutivo y el poder legislativo son independientes).
En los regímenes parlamentarios, la capacidad de la asamblea para obtener la dimisión del gobierno se considera que está equilibrada por el ejercicio del derecho de disolución de las cámaras. El jefe del Estado (el monarca o el presidente de la República) simboliza la unidad superadora de las divisiones partidistas. En los regímenes presidencialistas, el jefe del poder ejecutivo no puede disolver el Parlamento, pero éste tampoco puede destituir al gobierno.

Sufragio: Sufragio, derecho o privilegio de voto para elegir representantes políticos o bien aprobar o rechazar una legislación. El sufragio es una institución política que se remonta a la antigüedad. En las ciudades Estado de Grecia, se esperaba que todos los hombres libres (los cuales constituían una minoría dentro de la población) tomasen parte en el gobierno de su ciudad. En Roma se concedía a los ciudadanos comunes, que recibían el nombre de plebe, el derecho de elegir tribunos que intercedieran por ellos cuando consideraban que el gobierno los había tratado de una forma injusta.
La idea de que el pueblo que se hallaba bajo un gobierno determinado debía contar con la posibilidad de elegir a sus dirigentes no obtuvo un respaldo importante hasta los siglos XVII y XVIII, época en que los filósofos de la Ilustración defendieron que el autogobierno era un derecho natural de todos los seres humanos y que los gobiernos derivaban sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Esta idea ha ejercido gran influencia en la concepción moderna de sufragio, pero no ha desbancado la otra concepción del término, que defiende que el sufragio es un privilegio político que la ley otorga y que por lo tanto está sujeto a ciertas limitaciones. Aunque la tendencia de los gobiernos modernos ha sido liberalizar los requisitos necesarios para el sufragio a través de reformas electorales, muchos siguen aplicando algunas restricciones aparte de los lógicos criterios de ciudadanía y límite de edad, que suele oscilar entre los 18 y los 21 años. En algunos países las mujeres carecen de derecho al voto. Uno de los requisitos suele ser la alfabetización, y en muchos países aquellas personas que hayan sido condenadas por un delito grave pierden sus derechos electorales o se anula su capacidad.